Una iniciativa legislativa popular (ILP) que busca derogar la ley 18/2013, que otorga a la tauromaquia la categoría de patrimonio cultural, se está perfilando como un tema crucial en la política española. Esta iniciativa, que ha recolectado 664.777 firmas válidas, obliga al Congreso a votar sobre el futuro de la fiesta de los toros. Con un plazo de seis meses para la decisión, los parlamentarios tendrán que pronunciarse, lo que podría determinar el destino de una tradición profundamente enraizada en la cultura española.
La normativa que se pretende anular se ratificó en 2013 y ha sido considerada por muchos como un apoyo a las corridas de toros al ser parte del patrimonio cultural del país. No obstante, una parte significativa de la sociedad y de los políticos opina que su protección limita las capacidades de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, quienes deberían tener la autoridad para decidir sobre la realización de estos eventos. Los impulsores de la ILP, un grupo llamado «No Es Mi Cultura», sostienen que la tauromaquia debería ser vista como un espectáculo público común y no como un patrimonio cultural amparado por la Constitución.
Actualmente, las comunidades autónomas tienen la autoridad para regular las ferias taurinas, pero no pueden prohibirlas debido a su estatus de patrimonio cultural. La eliminación de esta protección permitiría a los gobiernos locales prohibir las corridas de toros y otros eventos taurinos si así lo deciden. Esta es la razón por la que la iniciativa ha ganado fuerza en diversas partes del país, especialmente en aquellas regiones donde la tauromaquia es menos popular.
El Parlamento deberá decidir ahora si conserva esta protección cultural o si avanza hacia la desprotección, lo que permitiría una prohibición más amplia de los eventos taurinos. Esta votación promete ser una disputa política en la que los principales partidos del país tendrán que fijar su posición. El partido gobernante, el PSOE, ha mantenido una actitud ambigua respecto a este asunto. Aunque históricamente ha mostrado respeto por la tauromaquia, ha habido una división interna sobre cómo enfrentar su futuro. El PSOE ha apoyado algunas medidas en favor de la tauromaquia, como la recuperación del Premio Nacional de Tauromaquia, pero también ha tomado decisiones polémicas, como la eliminación de este premio en 2024.
Por otro lado, el Partido Popular y la extrema derecha se oponen a la iniciativa, defendiendo la protección de la tauromaquia como un aspecto fundamental de la cultura española. Mientras tanto, partidos como Esquerra Republicana y Unidas Podemos han apoyado activamente la prohibición de las corridas de toros y se alinean con aquellos que consideran que la protección de la tauromaquia es un anacronismo.
El éxito de la ILP podría cambiar radicalmente el panorama taurino, permitiendo a las administraciones locales tomar decisiones sobre la celebración de estos eventos. Además, la eliminación de la ley que protege la tauromaquia también afectaría a otros aspectos relacionados, como la financiación pública para la promoción de los festejos taurinos y su inclusión en programas culturales, como el Bono Cultural Joven.
En cuanto a la práctica de la tauromaquia, los datos oficiales muestran una ligera disminución en el número de festejos en los últimos años. En 2023, se celebraron 1.474 corridas, frente a las 1.546 del año anterior. Sin embargo, estas cifras aún superan los números previos a la pandemia, lo que indica que la tauromaquia sigue siendo una tradición presente en varias regiones del país, especialmente en Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía.
