El proyecto del tren Panamá–Divisa avanza hacia una etapa decisiva, luego de que el gobierno anunciara la elaboración de una lista oficial que incluirá las fincas que podrían verse afectadas por la construcción de la nueva vía férrea. Este registro servirá para delimitar con precisión las propiedades impactadas y será la base para realizar estudios técnicos, negociaciones con los propietarios y definir eventuales expropiaciones.
El desarrollo del ferrocarril, el cual enlazará la Ciudad de Panamá con la frontera con Costa Rica en Divisa, abarca más de 475 kilómetros de recorrido. Se anticipa que este proyecto potencie de manera notable el crecimiento económico y la cohesión regional, mediante la mejora en el transporte de personas y bienes, con velocidades máximas estimadas de hasta 180 kilómetros por hora para pasajeros y 100 para carga.
En esta fase, la elaboración del registro de fincas busca establecer con claridad los límites del terreno que serán intervenidos, tanto en superficie como en subsuelo. Para ello, se contratará un levantamiento catastral detallado que incluirá visitas a los predios, entrevistas a propietarios y análisis topográficos. Esta tarea forma parte de una planificación cuidadosa que prevé también un estudio de impacto territorial para evaluar las posibles repercusiones sociales, ambientales y económicas.
La inversión asignada para estos trabajos preliminares supera los 400 mil dólares, reflejando la intención de garantizar un proceso técnico y transparente. Este esfuerzo se acompaña de una estrategia comunicativa destinada a informar a las comunidades a lo largo del trazado, donde las autoridades se comprometen a brindar detalles sobre el avance del proyecto, los derechos de los propietarios y los mecanismos de atención a inquietudes y reclamos.
Los pueblos situados a lo largo del trazado del tren, tanto en áreas urbanas como rurales, se alistan para enfrentar las transformaciones que traerá este proyecto. Especialmente, los dueños de terrenos agrícolas han expresado inquietud por las repercusiones que dicha vía tendrá en sus propiedades, comprometiendo no solo el terreno, sino también la disponibilidad de servicios esenciales como carreteras, sistemas de riego y áreas de pastoreo.
La lista oficial permitirá identificar con exactitud las propiedades involucradas, lo que facilitará la negociación de compensaciones económicas o la ejecución de procesos de expropiación cuando sea necesario. Las autoridades han señalado que se respetarán los derechos de propiedad conforme a la legislación vigente, incluyendo la resolución de posibles disputas sobre límites y la revisión de títulos.
Además de los aspectos legales y técnicos, el proceso contempla evaluaciones ambientales y sociales que ayuden a minimizar los riesgos y a diseñar medidas de mitigación para proteger el entorno natural y la calidad de vida de las comunidades. Entre estas acciones se incluyen la construcción de pasos peatonales, corredores para la fauna y sistemas de protección frente al ruido y la contaminación.
El gobierno ha manifestado que el inicio formal de la obra está previsto para principios de 2026, tras concluir esta etapa preparatoria y asegurar la viabilidad jurídica, técnica y social del proyecto. También se trabaja en la coordinación con las instancias legislativas para asegurar el financiamiento necesario, que incluye partidas destinadas a la adquisición de terrenos y contratación de servicios especializados.
Aunque el proyecto cuenta con el respaldo oficial por sus beneficios en movilidad y desarrollo económico, algunos sectores han expresado reservas sobre el proceso de consulta y la transparencia en la gestión de afectaciones a la propiedad privada. Por ello, se espera que el gobierno refuerce los mecanismos de diálogo y participación ciudadana para construir acuerdos que eviten conflictos y aseguren una implementación equitativa.
En suma, la preparación de la lista oficial de fincas representa un paso clave en la ejecución del tren Panamá–Divisa. Su correcta elaboración y manejo determinarán en gran medida el éxito del proyecto, al equilibrar la necesidad de infraestructura moderna con el respeto a los derechos de los habitantes y la protección del entorno en las zonas intervenidas.
