La administración de recursos destinados a contingencias constituye un desafío primordial para cualquier comunidad. Eventos como catástrofes naturales, epidemias o emergencias humanitarias demandan con frecuencia la asignación de cuantiosos medios económicos en periodos cortos. En este escenario, la claridad en la utilización de los fondos de emergencia adquiere una importancia capital, no solo para asegurar la eficacia del desembolso, sino también para consolidar la credibilidad pública y prevenir actos indebidos. La ciudadanía organizada, comprendida como el conjunto de entidades, grupos y personas no vinculadas al ámbito gubernamental, desempeña una función esencial en la evaluación y demanda de dicha transparencia.
Sistemas de valoración aplicados por organizaciones ciudadanas
La sociedad civil cuenta con herramientas formales e informales para la evaluación del manejo de fondos de emergencia. A continuación, se describen los principales mecanismos:
1. Vigilancia ciudadana: Diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y movimientos sociales realizan auditorías ciudadanas. Estas acciones consisten en la revisión minuciosa de los informes de gasto emitidos por las instituciones responsables. Algunos ejemplos destacados son las plataformas Observatorio Ciudadano y Transparencia Internacional, que generan informes independientes y difunden hallazgos sobre posibles anomalías.
2. Examen de información pública: La inclinación actual por la transparencia ha motivado a las administraciones a divulgar conjuntos de datos accesibles sobre el gasto público. La ciudadanía utiliza estos insumos para efectuar estudios comparativos, detectar anomalías y sugerir ajustes, un fenómeno evidente durante la crisis sanitaria de COVID-19 en naciones latinoamericanas, donde proyectos como Datasketch en Colombia facilitaron una evaluación comunitaria de los recursos asignados a la sanidad y el apoyo social.
3. Denuncia pública y periodismo de investigación: El periodismo de investigación y plataformas digitales amplifican la voz ciudadana. Casos emblemáticos, como el cubrimiento de la reconstrucción tras el terremoto de 2017 en México, muestran cómo reportajes independientes ayudaron a descubrir desvíos de recursos y gastos inflados. La difusión de estos hallazgos genera presión sobre las autoridades para transparentar procedimientos y sancionar irregularidades.
4. Participación en espacios de contraloría social: Muchos marcos legales incorporan instancias de contraloría donde representantes de la sociedad civil participan en comités de supervisión del gasto. En Brasil, el Consejo de Salud incluye ciudadanos, trabajadores y gestores del sector para monitorear el uso de recursos en emergencias sanitarias. Este modelo se replica en diversos países de la región, fortaleciendo la fiscalización desde una perspectiva plural.
Principios esenciales para evaluar la claridad
La sociedad civil evalúa el nivel de transparencia a partir de múltiples criterios que abarcan desde la disponibilidad de la información hasta la accesibilidad y comprensibilidad de los datos publicados. Entre los más relevantes destacan:
Claridad y desagregación de la información: La publicación de informes debe detallar fuentes de financiamiento, beneficiarios, montos y plazos. La falta de especificidad incrementa la sospecha de irregularidades.
Renovación y pertinencia: La ciudadanía demanda que los datos se pongan al día con regularidad y en el momento adecuado, impidiendo que su divulgación tardía obstaculice una supervisión eficaz.
Claridad y facilidad de acceso: La información expuesta debe ser comprensible para el público en general, evitando el uso de jerga especializada o formatos complicados. Este aspecto es fundamental para promover una participación genuina.
Disponibilidad de vías de comunicación para feedback: La implementación de sistemas que permitan a los ciudadanos realizar consultas, pedir explicaciones o reportar irregularidades de forma inmediata, fortalece la claridad y la habilidad de rectificación.
Ejemplos de evaluación ciudadana ante crisis recientes
Durante la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19, la sociedad civil en España y Argentina implementó observatorios para monitorear la distribución y adquisición de insumos médicos. En España, la Plataforma de Afectados por la Pandemia recopiló denuncias de sobrecostos y retrasos en la entrega de material, impulsando procesos judiciales y reformas en la contratación pública.
En Haití, después del sismo de 2010, grupos de la sociedad civil señalaron la falta de transparencia en la administración de las ayudas foráneas. Debido a su insistencia, varias entidades internacionales se vieron obligadas a informar públicamente sobre el uso de cuantiosas sumas de dinero, lo que puso de manifiesto la importancia de incluir a los agentes locales en los sistemas de fiscalización.
En México, luego de los sismos de 2017, la movilización ciudadana dio origen al colectivo #Verificado19S, que recopiló evidencias sobre el uso de recursos para reconstrucción. Sus reportes documentaron irregularidades en la asignación de viviendas y pagos duplicados, propiciando investigaciones oficiales.
Desafíos y oportunidades para fortalecer la supervisión ciudadana
A pesar de los avances logrados, varios desafíos limitan la capacidad de la sociedad civil para evaluar la transparencia en el uso de fondos de emergencia:
Restricciones en la disponibilidad de datos: Aún existen obstáculos tanto tecnológicos como jurídicos que impiden la recopilación de información exhaustiva y fidedigna, particularmente en entornos donde prevalece una cultura de secretismo.
Barreras tecnológicas y de formación: La interpretación de bases de datos y procedimientos financieros requiere capacidades técnicas que muchas organizaciones aún están desarrollando. Sin embargo, la formación en datos abiertos y el apoyo internacional están reduciendo esta brecha.
Riesgos de represalia: En diversos países, los defensores de la transparencia enfrentan amenazas o campañas de desprestigio. Es fundamental consolidar redes de apoyo y protección para quienes ejercen esta función.
El poder de la innovación tecnológica: Instrumentos como la cadena de bloques, la IA y los entornos de colaboración brindan posibilidades sin precedentes para la supervisión de activos y la creación conjunta de avisos preventivos frente a posibles anomalías.
Fomentar la credibilidad como cimiento para evaluaciones más uniformes
El escrutinio público sobre la claridad en la administración de recursos destinados a emergencias ha evolucionado hacia un procedimiento de mayor complejidad, impulsado por la participación ciudadana, la integración de la tecnología y la influencia de los medios de comunicación y el marco legal. Casos recientes demuestran que, a pesar de las barreras de acceso y los peligros existentes, el fortalecimiento de la sociedad civil eleva los estándares de responsabilidad y disminuye la falta de castigo. Fomentar la credibilidad implica avanzar hacia plataformas de datos accesibles, colaborativas y fiscalizables, donde la supervisión ciudadana deje de ser una rareza y se establezca como la norma en la administración de fondos durante coyunturas críticas.
