El gobierno de Estados Unidos ha decidido ampliar hasta el 27 de mayo el plazo concedido a Chevron para finalizar sus actividades en Venezuela. Esta medida, comunicada por la OFAC, surge después de intensas discusiones entre la firma y el gobierno encabezado por Donald Trump.
Antecedentes de la decisión
Contexto de la medida
A finales de febrero, el presidente Trump había informado sobre la revocación de la licencia que permitía a Chevron operar en Venezuela. Esta medida formaba parte de una serie de sanciones destinadas a presionar al gobierno venezolano en diversos aspectos.
La reciente Licencia General No. 41B, emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cambia la fecha de vencimiento previamente fijada del 3 de abril al 27 de mayo. Este aplazamiento otorga a Chevron un período adicional para poner fin a sus operaciones en la nación sudamericana.
No obstante, la licencia implementa ciertas restricciones concretas. Por ejemplo, a Chevron se le impide realizar pagos de impuestos, regalías o dividendos al gobierno venezolano o a cualquier entidad donde PDVSA tenga una participación igual o superior al 50%. Además, no puede comercializar petróleo o subproductos hacia jurisdicciones externas a Estados Unidos ni llevar a cabo transacciones con compañías dominadas por empresas de la Federación Rusa. Las operaciones con personas sancionadas por Washington también están prohibidas.
Opiniones y posibles consecuencias
La extensión del plazo para Chevron coincide con un período de elevadas tensiones geopolíticas. El presidente Trump ha declarado la implementación de un arancel del 25% sobre cualquier nación que adquiera petróleo o gas de Venezuela, una medida que se hará efectiva el 2 de abril. Esta estrategia pretende aumentar la presión sobre el gobierno venezolano mientras impacta las relaciones comerciales a nivel internacional.
La decisión de extender el plazo para Chevron se produce en un momento de creciente tensión geopolítica. El presidente Trump ha anunciado la imposición de un arancel del 25% a cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela, medida que entrará en vigor el 2 de abril. Esta política busca presionar al gobierno venezolano, al tiempo que afecta las relaciones comerciales internacionales.
La extensión del plazo para Chevron también tiene implicaciones económicas. La petrolera estadounidense es la última de su país en operar en Venezuela, y su salida definitiva podría afectar la producción y exportación de petróleo en el país sudamericano. Además, las restricciones impuestas podrían limitar las operaciones futuras de Chevron en la región.
