El Consejo de Ministros de Panamá ha solicitado a la Asamblea Nacional la extensión de las sesiones extraordinarias hasta el 26 de junio de 2025. Esta petición busca frenar los impactos de la Ley 468, que fue sancionada recientemente, alterando el esquema de intereses preferenciales en los préstamos hipotecarios para la compra de casas.
La regulación 468, sancionada el 24 de abril de 2025, introdujo cambios significativos en el sistema de subsidios para préstamos hipotecarios. Una de las modificaciones más destacadas es la reducción de hasta un 1% en la tasa preferencial y la inclusión del artículo 12, el cual requiere que las entidades financieras evalúen la situación económica del beneficiario entre seis y doce meses antes de que finalice el plazo del subsidio otorgado.
Estas alteraciones provocaron preocupación en el sector bancario y entre los desarrolladores de bienes raíces, quienes señalaron que las recientes regulaciones podrían afectar la estabilidad del mercado hipotecario y la accesibilidad de viviendas para miles de familias en Panamá. Frente a estas inquietudes, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, indicó que la propuesta de suspensión permitiría que la Ley 3 de 1985, que no considera la reducción del subsidio, se aplique nuevamente de manera provisional. Esta medida tiene como objetivo facilitar la finalización de procedimientos pendientes para aproximadamente 9,000 familias que desean adquirir una casa propia.
El envío del retraso de la Ley 468 al Legislativo se realizará a través del proyecto de ley 59-92, el cual se discutirá durante las sesiones extraordinarias. Actualmente, la Asamblea Nacional celebra sesiones extraordinarias hasta el 12 de junio para ratificar nombramientos en varias instituciones estatales, por lo que incluir este nuevo proyecto exigirá una extensión del periodo legislativo.
El debate ha provocado una discusión acerca de la necesidad de equilibrar las políticas fiscales del gobierno con el respaldo al acceso a la vivienda. A pesar de que el gobierno busca evitar el aumento de la deuda del país, el sector constructor y las entidades financieras subrayan la importancia de mantener incentivos que favorezcan la inversión y el crecimiento de la economía.
La Ley de Intereses Preferenciales ha sido una herramienta clave en el impulso del sector inmobiliario panameño durante más de cuatro décadas. Su modificación ha generado incertidumbre en el mercado, afectando la aprobación de nuevos créditos hipotecarios y la continuidad de proyectos de construcción. La suspensión temporal de la Ley 468 busca brindar un respiro al sector mientras se evalúan alternativas que permitan una reforma equilibrada y sostenible del régimen de subsidios.
En los próximos días, es posible que tanto el Ejecutivo como el Legislativo trabajen juntos para encontrar una solución que aborde las preocupaciones de las partes involucradas, garantizando que las familias en Panamá puedan obtener vivienda sin comprometer la estabilidad fiscal del país.
